Aunque se ha logrado establecer un marco institucional moderno, este no ha estado exento de desafíos. La orientación predominante hacia la aprobación de proyectos de inversión ha generado numerosos conflictos socioambientales, exacerbando el desequilibrio entre los proponentes de las iniciativas y aquellos que deben soportar las consecuencias ambientales. Además, la fiscalización de proyectos instalados presenta deficiencias, destacando la necesidad de perfeccionar lo alcanzado hasta ahora.
El 9 de marzo de 1994 marcó un hito crucial con la publicación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, representando un importante avance en el retorno de la democracia. Esta ley estableció los fundamentos de la institucionalidad ambiental en un Chile que comenzaba a abrirse al mundo, enfocándose en la comercialización de materias primas, facilitada por la estructura legal heredada de la dictadura.
La Ley 19.300 sentó las bases para el fortalecimiento progresivo de la institucionalidad ambiental, como lo demuestra la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, junto con el establecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, leyes que se debatieron en el contexto del paradigma del desarrollo sostenible.
Aunque se ha logrado establecer un marco institucional moderno, este no ha estado exento de desafíos. La orientación predominante hacia la aprobación de proyectos de inversión ha generado numerosos conflictos socioambientales, exacerbando el desequilibrio entre los proponentes de las iniciativas y aquellos que deben soportar las consecuencias ambientales. Además, la fiscalización de proyectos instalados presenta deficiencias, destacando la necesidad de perfeccionar lo alcanzado hasta ahora.
Por otro lado, el avance de la crisis climática y ecológica plantea un desafío aún mayor para la institucionalidad. Estas crisis sin precedentes demandan una incorporación amplia en el marco institucional, sirviendo como una advertencia de que no podemos seguir sacrificando los ecosistemas en aras de la actividad económica. Es imperativo avanzar hacia actividades económicas más sustentables que aborden la adaptación, transición y resiliencia, reconciliándonos con la naturaleza.
El paradigma imperante, basado en una visión utilitaria y antropocéntrica de la naturaleza, se revela insuficiente ante las crisis actuales. No sólo necesitamos una institucionalidad ambiental más robusta, capaz de abordar la complejidad de estos desafíos, sino también una combinación con iniciativas locales y nuevas formas de emprendimiento que se alineen con la realidad actual.
A lo largo de tres décadas desde la publicación de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, hemos experimentado avances y aprendizajes que debemos seguir mejorando. Esto implica iniciar discusiones a nivel nacional respaldadas por datos científicos sobre la gravedad de estas crisis, manifestadas en fenómenos como olas de calor, inundaciones, sequías extremas y pérdida de especies.
La trama de la vida requiere una visión holística del desarrollo, que no puede ser alcanzado a cualquier costo. Por lo tanto, es fundamental fortalecer y dirigir adecuadamente la institucionalidad, incorporando Soluciones Basadas en la Naturaleza. La ley actual no es suficiente; se necesitan reformas que integren estos complejos escenarios, una tarea que aún no se está abordando.
